CHAMBRE
2018-03-07 21:17:47 UTC
http://www.alertadigital.com/2018/03/07/la-yihad-de-las-feministalinistas/
He aquí que se nos presenta la ocasión de poner en entredicho una ley,
de proclamar en voz alta su consumada arbitrariedad y naturaleza
sectaria, de cuestionar un sistema a través del cual se aprueban normas
que distinguen el alcance penal de un mismo delito en base al sexo al
que pertenezca el delincuente. No necesito ser jurista para comprender
lo que un espíritu normal jamás entendería. Un supuesto maltratador es
siempre visible, mientras que algunos juristas tratan de convencernos de
que si el maltratador es una mujer, la parte maltratada sólo es un
accidente, una entidad abstracta que no merece la pena humanizarla a los
ojos de la opinión pública.
Los malos tratos, reiterados y de una crueldad vesánica, infringidos
hace meses por una lesbiana a su compañera no causó alegría, pero
tampoco llegó a encolerizar a las feministas y a muchos jueces de igual
forma a si el suceso lo hubiese protagonizado supuestamente un varón.
Las feministas radicales aceptan que en las parejas formadas por
lesbianas, una de ellas reproduzca el rol del hombre y que ese rol tenga
todas las ventajas legales y económicas que se les niega a los varones
en casos de conflicto matrimonial. Lo ocurrido entonces no me extrañó ni
creó en mí una sensación de injusticia mayor a la del bochorno, tanto
más cuanto que a las juristas que se pronunciaron a favor de los
distintos raseros legales no se les escuchó nunca una palabra de
denuncia contra la ineficiencia de las leyes actuales en casos como el
del asesino de Sandra Palo. Pero este es el sistema, y la inutilidad de
sus fundamentos se hará más visible a medida que la sociedad española
sea un espacio cada día más irrespirable. Todo se andará.
Ninguno de ustedes ignora el mal trato institucional que sufren los
hombres separados cuando se enteran, por ejemplo, de que sus derechos
son menores que los que tenía un paria en la antigua India. Conozco
casos de hombres separados que, tras el farragoso trámite de la
repartición de bienes (es un decir), se quedaron con lo puesto y sin
ninguna instancia a la que acudir. Entre las crueldades de este sistema
ninguna como su ensañamiento con los hombres, la criminalización del
hombre ante cualquier denuncia por malos tratos presentado por cualquier
esposa desequilibrada, cruel y resentida. Ni siquiera tienen el derecho
a la misma presunción de inocencia que tiene el peor de los criminales.
En los casos de presunto maltrato, el sistema no necesita de más base
indiciaria que el formalismo de una denuncia para que la honra del
denunciado pase por su trituradora.
Cierto que existen algunos casos de maltrato que sufren las mujeres por
parte de sus parejas, aunque infinitamente menores a lo que cuentan las
estadísticas oficiales, pero les aseguro que el otro también existe,
además de forma creciente, y parece que lo aconsejable no sea otra cosa
que aminorar sus efectos, ridiculizarlos o incluso negar que existan.
La aberración es aún mayor en el caso de las lesbianas agredidas. Este
sistema niega el derecho a la tutela jurisdiccional a las mujeres que
son maltratadas física y pisicológicamente en el caso de que la agresora
sea otra mujer. Hay otros casos igual de graves, como el de la
estafadora que se sirvió de Internet para estafar a un pobre hombre y
que, al ser descubierta, denunció a su víctima por acoso. En este caso,
el acoso consistió en la pretensión del pardillo de recuperar su dinero.
Y cada día son más las mujeres despechadas que, al amparo de las normas,
pueden presentarse ante una comisaría a denunciar que han sido
maltratadas, solas o acompañada por dos compinches encargadas de
prodigar a la ‘maltratada’ toda clase de atenciones llenas de
circunspección, como si se tratara de José de Arimatea y de Nicodemo
sosteniendo el cuerpo de Cristo después del descendimiento de la cruz .
Les aseguro que tras esta secuencia no hay marido en España que se libre
del Vía Crucis. Y si tiene la desgracia de ser el cónyuge o el novio de
alguna famoseta, el linchamiento mediático está servido.
Algunas mujeres juristas montaron en cólera por la ‘osadía’ de un juez
de condenar a una agresora lesbiana. Una tal Altamira Gonzalo fue la
cabecilla de la cosa. Presidenta entonces de la Asociación de Mujeres
Juristas Themis, señaló que es de “una ignorancia supina” aplicar esta
norma a las parejas homosexuales, porque fue creada específicamente para
“erradicar la violencia que se ejerce por los hombres a las mujeres en
las relaciones de pareja”. Dijo también esta sectaria que la sentencia
podría haber tenido ese sentido por “motivos personales” del juez contra
la norma. Da por hecho que el juez mantiene actitudes homofobicas por no
dejar sin castigar la perpetración de un delito.
Supongo que si ese mismo juez hubiese dictado una sentencia condenatoria
contra un hombre acusado de poligamia o de alentar la mutilación genital
de su hija, la tal Altamira le habría acusado de tener motivos
islamófobos. Se da por hecho que este tipo de debates dentro del
estamento judicial no abarcan casos como el de los delitos contra
menores, ni contra la corrupción en amplias zonas de la geografía
española, sino sólo los que afectan a los derechos y libertades de
determinados grupos. No se puede sin embargo culpar a esta jurista de lo
que el Estado no ha previsto. Es un problema de autoridad moral. Por eso
siguen en lo de siempre.
Y si ha sido creada una ley para ser aplicada arbitrariamente en la
supuesta protección de la parte más débil, ¿por qué no otra que aplicase
todas las eximentes posibles al pobre de solemnidad que decidiera
atracar pacíficamente una de las sucursales de Patricia Botín?
La maltratada que habría sido condenada a pasar por el olvido si las
resoluciones judiciales dependiesen de Altamira Gonzalo sufrió daños
físicos y psicológicos pavorosos. Se pretende borrar de las crónicas de
sucesos casos como éste, más aún si la maltratada confiesa que nunca más
volverá a convivir con una mujer. Y por supuesto quieren cruxificar al
portentoso juez que se atrevió a rebasar dogmas y prejuicios y por cuyo
valor tendría que estarle agradecido toda la gente decente de este país.
Poca defensa tiene el español del siglo XXI cuya vida puede ser
literalmente destrozada por una mujer fría, cruel y calculadora. Es el
sistema, amigos, en cuyo nombre el Estado niega protección a los maridos
y en cambio se prodiga en atenciones y cuidados a psicópatas sexuales,
sin papeles, asesinos reincidentes y toda esa gama de delincientes que
crecen como hongos al abrigo de nuestras ineficientes normas. No se
puede uno imaginar peor instinto ciudadano que el de estos ignaros y
resentidos legisladores al servicio de las feministas radicales.
Lo anterior se resume en tres principios políticos y legales: desprecio
a los hombres en cualquier contencioso con sus parejas, desprecio a la
presunción de inocencia y desprecio al espíritu de esa Constitución de
1978 que nos habla de igualdad de todos y todas ante la misma ley.
Comprenderán ustedes que mi desafección a este sistema no haga sino
alimentarse cada día hasta alcanzar la gula.
He aquí que se nos presenta la ocasión de poner en entredicho una ley,
de proclamar en voz alta su consumada arbitrariedad y naturaleza
sectaria, de cuestionar un sistema a través del cual se aprueban normas
que distinguen el alcance penal de un mismo delito en base al sexo al
que pertenezca el delincuente. No necesito ser jurista para comprender
lo que un espíritu normal jamás entendería. Un supuesto maltratador es
siempre visible, mientras que algunos juristas tratan de convencernos de
que si el maltratador es una mujer, la parte maltratada sólo es un
accidente, una entidad abstracta que no merece la pena humanizarla a los
ojos de la opinión pública.
Los malos tratos, reiterados y de una crueldad vesánica, infringidos
hace meses por una lesbiana a su compañera no causó alegría, pero
tampoco llegó a encolerizar a las feministas y a muchos jueces de igual
forma a si el suceso lo hubiese protagonizado supuestamente un varón.
Las feministas radicales aceptan que en las parejas formadas por
lesbianas, una de ellas reproduzca el rol del hombre y que ese rol tenga
todas las ventajas legales y económicas que se les niega a los varones
en casos de conflicto matrimonial. Lo ocurrido entonces no me extrañó ni
creó en mí una sensación de injusticia mayor a la del bochorno, tanto
más cuanto que a las juristas que se pronunciaron a favor de los
distintos raseros legales no se les escuchó nunca una palabra de
denuncia contra la ineficiencia de las leyes actuales en casos como el
del asesino de Sandra Palo. Pero este es el sistema, y la inutilidad de
sus fundamentos se hará más visible a medida que la sociedad española
sea un espacio cada día más irrespirable. Todo se andará.
Ninguno de ustedes ignora el mal trato institucional que sufren los
hombres separados cuando se enteran, por ejemplo, de que sus derechos
son menores que los que tenía un paria en la antigua India. Conozco
casos de hombres separados que, tras el farragoso trámite de la
repartición de bienes (es un decir), se quedaron con lo puesto y sin
ninguna instancia a la que acudir. Entre las crueldades de este sistema
ninguna como su ensañamiento con los hombres, la criminalización del
hombre ante cualquier denuncia por malos tratos presentado por cualquier
esposa desequilibrada, cruel y resentida. Ni siquiera tienen el derecho
a la misma presunción de inocencia que tiene el peor de los criminales.
En los casos de presunto maltrato, el sistema no necesita de más base
indiciaria que el formalismo de una denuncia para que la honra del
denunciado pase por su trituradora.
Cierto que existen algunos casos de maltrato que sufren las mujeres por
parte de sus parejas, aunque infinitamente menores a lo que cuentan las
estadísticas oficiales, pero les aseguro que el otro también existe,
además de forma creciente, y parece que lo aconsejable no sea otra cosa
que aminorar sus efectos, ridiculizarlos o incluso negar que existan.
La aberración es aún mayor en el caso de las lesbianas agredidas. Este
sistema niega el derecho a la tutela jurisdiccional a las mujeres que
son maltratadas física y pisicológicamente en el caso de que la agresora
sea otra mujer. Hay otros casos igual de graves, como el de la
estafadora que se sirvió de Internet para estafar a un pobre hombre y
que, al ser descubierta, denunció a su víctima por acoso. En este caso,
el acoso consistió en la pretensión del pardillo de recuperar su dinero.
Y cada día son más las mujeres despechadas que, al amparo de las normas,
pueden presentarse ante una comisaría a denunciar que han sido
maltratadas, solas o acompañada por dos compinches encargadas de
prodigar a la ‘maltratada’ toda clase de atenciones llenas de
circunspección, como si se tratara de José de Arimatea y de Nicodemo
sosteniendo el cuerpo de Cristo después del descendimiento de la cruz .
Les aseguro que tras esta secuencia no hay marido en España que se libre
del Vía Crucis. Y si tiene la desgracia de ser el cónyuge o el novio de
alguna famoseta, el linchamiento mediático está servido.
Algunas mujeres juristas montaron en cólera por la ‘osadía’ de un juez
de condenar a una agresora lesbiana. Una tal Altamira Gonzalo fue la
cabecilla de la cosa. Presidenta entonces de la Asociación de Mujeres
Juristas Themis, señaló que es de “una ignorancia supina” aplicar esta
norma a las parejas homosexuales, porque fue creada específicamente para
“erradicar la violencia que se ejerce por los hombres a las mujeres en
las relaciones de pareja”. Dijo también esta sectaria que la sentencia
podría haber tenido ese sentido por “motivos personales” del juez contra
la norma. Da por hecho que el juez mantiene actitudes homofobicas por no
dejar sin castigar la perpetración de un delito.
Supongo que si ese mismo juez hubiese dictado una sentencia condenatoria
contra un hombre acusado de poligamia o de alentar la mutilación genital
de su hija, la tal Altamira le habría acusado de tener motivos
islamófobos. Se da por hecho que este tipo de debates dentro del
estamento judicial no abarcan casos como el de los delitos contra
menores, ni contra la corrupción en amplias zonas de la geografía
española, sino sólo los que afectan a los derechos y libertades de
determinados grupos. No se puede sin embargo culpar a esta jurista de lo
que el Estado no ha previsto. Es un problema de autoridad moral. Por eso
siguen en lo de siempre.
Y si ha sido creada una ley para ser aplicada arbitrariamente en la
supuesta protección de la parte más débil, ¿por qué no otra que aplicase
todas las eximentes posibles al pobre de solemnidad que decidiera
atracar pacíficamente una de las sucursales de Patricia Botín?
La maltratada que habría sido condenada a pasar por el olvido si las
resoluciones judiciales dependiesen de Altamira Gonzalo sufrió daños
físicos y psicológicos pavorosos. Se pretende borrar de las crónicas de
sucesos casos como éste, más aún si la maltratada confiesa que nunca más
volverá a convivir con una mujer. Y por supuesto quieren cruxificar al
portentoso juez que se atrevió a rebasar dogmas y prejuicios y por cuyo
valor tendría que estarle agradecido toda la gente decente de este país.
Poca defensa tiene el español del siglo XXI cuya vida puede ser
literalmente destrozada por una mujer fría, cruel y calculadora. Es el
sistema, amigos, en cuyo nombre el Estado niega protección a los maridos
y en cambio se prodiga en atenciones y cuidados a psicópatas sexuales,
sin papeles, asesinos reincidentes y toda esa gama de delincientes que
crecen como hongos al abrigo de nuestras ineficientes normas. No se
puede uno imaginar peor instinto ciudadano que el de estos ignaros y
resentidos legisladores al servicio de las feministas radicales.
Lo anterior se resume en tres principios políticos y legales: desprecio
a los hombres en cualquier contencioso con sus parejas, desprecio a la
presunción de inocencia y desprecio al espíritu de esa Constitución de
1978 que nos habla de igualdad de todos y todas ante la misma ley.
Comprenderán ustedes que mi desafección a este sistema no haga sino
alimentarse cada día hasta alcanzar la gula.